A 7 años (A 7 años)

A 7 años de la trágica noche de Iguala, se realizó la reunión de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa con el Presidente de México donde se informó de los trabajos desarrollados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso de la Fiscalía General de la República.

La reunión se realizó en un ambiente en el que predominó la legítima exigencia de resultados por parte de los familiares de los jóvenes desaparecidos, se dio cuenta de las labores desarrolladas en la investigación desde el acopio y procesamiento de la información proporcionada por el gobierno federal, que durante años se mantuvo oculta, lo que ha permitido ampliar las líneas de investigación e identificar a objetivos fundamentales para el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos.

La información hasta ahora liberada suma un total de 31,238 documentos procesados, la mayor parte de los cuales provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (17,045), del Centro Nacional de Inteligencia (3,843), de la SSPC (2,410) y de Gobernación (1,831). También se ha contado con la documentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras fuentes.

No se trata del acopio cuantitativo de documentos, sino de información sustantiva, ya que ésta contiene: bitácoras, informes, comunicaciones, videos, radiogramas, análisis de contexto de grupos delictivos y de otros actores en el estado, agendas telefónicas, minutas del Grupo de coordinación Guerrero, entre otras. Información que, en su totalidad, se ha entregado a la FGR y al GIEI, en su carácter de coadyuvante de la investigación, para su judicialización.

Se informó de la reconstrucción de los hechos, recogiendo los testimonios de sobrevivientes y testigos en los distintos escenarios, desde la salida de los estudiantes de la Normal en Tixtla, hasta el Palacio de Justicia. Lo que ha demostrado inconsistencias de la llamada verdad histórica que pretendió fundar la presencia de los estudiantes en Iguala con el fin de irrumpir en el informe de la entonces presidenta del DIF.

Se dio cuenta del análisis de telefonía desarrollado con el Centro GEO del Conacyt, el que generó un sistema especial para el análisis de más de 80 millones de llamadas que se presentaron en esos días en la región de Iguala, de las cuales se identificaron  206 mil registros de interés, 84 líneas prioritarias y 116 números telefónicos, que ha permitido  identificar, las redes de complicidad entre el grupo delictivo, autoridades, cuerpos de seguridad y personas claves en estos hechos, así como las ubicaciones aproximadas en que operaron diferentes células de sicarios en coordinación con policías municipales, lo que ha permitido identificar la forma de actuar de los sicarios y su red de vínculos.

Este análisis confirma que: en ningún momento existieron vínculos entre el crimen organizado y los estudiantes; que las agresiones a los estudiantes se ejecutaron por al menos tres células articuladas por policías y sicarios del grupo delictivo; que los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos durante su detención; la presencia de policías de Iguala en el aseguramiento de estudiantes del autobús 1531; así como la presencia de policías de Huitzuco frente al Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa; la instalación de retenes por parte de Guerreros Unidos en Santa Teresa, El Tomatal y la salida a Taxco, entre otros datos. Cabe señalar que se continúa investigando las comunicaciones entre otras fuerzas municipales, estatales y federales.

Por otro lado, desde enero de 2019 a esta fecha se han realizado 53 acciones de búsqueda en 134 puntos distintos. Esto ha implicado 405 jornadas de búsqueda con la participación, en promedio, de 50 personas, encabezadas por la FGR y la Comisión Presidencial, con el apoyo de la Sedena y la Guardia Nacional, los representantes de los padres de los estudiantes y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Estas búsquedas se realizaron en Iguala, Cocula, Huitzuco, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Tepepeacuilco y en Taxco. En 11 de éstas, se rescataron 27 cuerpos: 6 en el Amate, en Cocula, 21 en la Barranca del Tigre, en Iguala, cientos de fragmentos óseos en Iguala, Cocula y Eduardo Neri, que aún se están procesando y tres hallazgos en la Barranca de la Carnicería, dos de los cuales permitieron identificar, con el apoyo de la Universidad de Innsbruck, a Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. La identidad del tercer hallazgo no fue confirmada.

Se mantienen acercamientos con personas clave para la investigación. No es tarea sencilla, de octubre de 2014 al 22 de septiembre de este año, han sido ejecutadas o han perdido la vida, 21 personas vinculadas con el caso, y aunque se han perdido importantes fuentes de información, insistiremos con los objetivos prioritarios para ampliar la información, fortalecer la judicialización y conocer la verdad.

Respecto a la extradición de Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo en el estado de Israel, la FGR ha llevado los trámites para realizar su extradición, pero además, el Presidente de la República, ha impulsado una estrategia diplomática para lograr la coadyuvancia de Israel y lograr su extradición.

Al igual que las madres y padres de los normalistas, quisiéramos ir más rápido. Sin embargo, estamos actuando responsablemente. No vamos a inventar una nueva verdad histórica ni a generar falsas expectativas, los resultados que presentemos serán siempre verificables jurídica y científicamente y diremos siempre la verdad por dolorosa que ésta sea.

La lógica de la desaparición forzada, buscar borrar toda huella, rastro o vestigio de lo que pasó, y si a ello se suma el ocultamiento de información, alteración y sembrado de pruebas que realizó la autoridad, la situación es más compleja. Durante 4 años las autoridades coparticiparon en borrar el rastro de los estudiantes. No es solo el actuar del grupo delictivo en complicidad con agentes del Estado, los normalistas fueron víctimas de una segunda desaparición al momento en que la autoridad pretendió borrar su existencia.  

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración